La misión de parlamentarios españoles --nacionales y autonómicos--  desplazada a Colombia para verificar la situación de los Derechos Humanos de mujeres, sindicalistas y activistas de los DD. HH. entre el 23 y el 30 de enero reclamaron el jueves 4 de febrero en el Congreso de los Diputados condicionar la firma del Acuerdo de Asociación actualmente negociado entre Colombia y la Unión Europea al respeto por los Derechos Humanos tras comprobar "la grave situación" sobre el terreno.

"La situación de los Derechos Humanos en Colombia es mala. Los Derechos Humanos se infringen prácticamente por todos los actores armados del conflicto interno", resumió el diputado socialista Jordi Pedret, ya sean paramilitares, guerrilleros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el propio Ejército.

Asimismo, puso de manifiesto que escándalos como la utilización de menores en el conflicto, el hallazgo de hornos crematorios y fosas comunes utilizados por los paramilitares para hacer desaparecer a sus víctimas o los escándalos de los denominados 'falsos positivos' (ejecuciones extrajudiciales por parte de miembros del Ejército) dejan entrever la "magnitud" del problema en Colombia. También han constatado el incremento de la actividad paramilitar, como han denunciado recientemente ONG como Human Rights Watch.

"Tenemos derecho a intervenir (...). La comunidad internacional es responsable del cumplimiento de la Declaración Universal de Derechos Humanos en cualquier sitio", zanjó Pedret, rechazando que ello equivalga a una "ingerencia" en asuntos internos de terceros países.

Por ello, la misión de observación y verificación desplazada a Colombia reclama "el efectivo cumplimiento" de las cláusulas democráticas contenidas en todo Tratado Internacional y "que se controle el efectivo cumplimiento" de las mismas. Pedret precisó que "una de las recomendaciones" de la misión es precisamente lograr que las cláusulas democráticas que se negocien entre Colombia y la UE en el marco del Acuerdo de Asociación no sean "de estilo" por tratarse de "un instrumento que tiene la comunidad internacional para favorecer el respeto por los Derechos Humanos".

El diputado autonómico de ERC Frances Canet admitió que le impactó especialmente comprobar in situ "las ingerencias constantes" del poder Ejecutivo en el ámbito judicial, sobre todo en la Corte Suprema y "la sensación de impunidad" que les transmitían víctimas y representantes de organizaciones civiles.

Mientras, Luis Nieto, de la Plataforma Justicia por Colombia organizadora de la misión, admitió que sus integrantes quedaron "consternados" por la propuesta del presidente, Álvaro Uribe, de "militarizar a los estudiantes" para que se conviertan "en informantes del Ejército" y, así en parte del conflicto, a cambio de obtener una beca de estudios.

Nieto también admitió que todas las organizaciones sociales con las que se han reunido les han trasladado su preocupación por "el agravamiento del conflicto" derivado a su juicio de "la ampliación de las bases militares" de Estados Unidos en Colombia.

Por su parte, la diputada autonómica de Izquierda Unida de la Asamblea de Madrid, Inés Sabanés, subrayó la necesidad de prestar una atención especial a la situación de la mujer dado que ésta se ve "especialmente golpeada" por el conflicto armado interino y por el mero hecho de pertenecer a asociaciones que defienen los derechos de la población desplazada o por reinvidicar que haya "verdad, justicia y reparación" para las víctimas del conflicto.

Sabanés insistió en que la misión pudo constar que tanto las víctimas de paramilitares como los familiares de militares secuestrados por las FARC "compartían" la necesidad de que se dé un verdadero "diálogo y proceso de paz" para poner fin al conflicto en Colombia y su respaldo común a los intercambios humanitarios de presos.

Por su parte, el senador autonómico de Entesa Catalana Joan Josep Nuet denunció la persecución y "amenazas constantes" que sufren sindicalistas en Colombia "por el mero hecho de montar un sindicato o afiliarse" a uno y cuestionó la "satisfacción" del Gobierno colombiano por la reducción de muertes de sindicalistas en 2009, cuando se produjeron 40, frente a las 200 que se veían registrando en años anteriores.

INICIATIVAS CONCRETAS

Además de elaborar un informe con una serie de recomendaciones, algo que estará redactado en un plazo no superior al mes y medio o dos meses, los integrantes de la misión han propuesto alguna iniciativa concreta para "visibilizar en España" el conflicto armado en Colombia, algo que reclamaron a la misión todas las asociaciones civiles y sindicales con las que se reunieron, admitió Sabanés.

Pedret adelantó el empeño de la misión por tratar de crear en el Congreso de los Diputados un "grupo informal de sensibilización de los Derechos Humanos en Colombia" para lo que tratarán de recabar, dijo, el apoyo de todo el arco parlamentario.

Por su parte, el diputado Canet explicó que pedirá la celebración de un debate sobre "los mecanismos de cooperación" entre España y Colombia al entender que es necesario revisarlos para evitar que la cooperación "sirva de coartada" al Gobierno de Bogotá para "perpetuar la situación" actual, mientras que el senador autonómico Nuet pedirá un debate en la cámara autonómica para impulsar "un debate en la Comisión" Europea con el objetivo de que "asuma" las recomendaciones de la misión.

Los diputados y parlamentarios autonómicos han admitido estar "conmocionados" por la "grave situación" de los Derechos Humanos en Colombia y, por ello, por encima de todo, la misión apuesta por el reconocimiento internacional del conflicto armado en Colombia y "por una salida negociada" al mismo.

Europapress, España

Editado por CELARE